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AGROISLENA


Subject: AGROISLEÑA

 

Riblia Rodríguez comenzó a los 30 años de edad una carrera meteórica que la llevó a ser una de las funcionarias más poderosas de la burocracia agrícola. Su paso por el Ministerio de Agricultura y Tierras dejó secuelas que se sienten en el campo
Fachada de Agropatria en el estado Portuguesa
Fachada de Agropatria en el estado Portuguesa | Daniel España
La mujer retratada en la fotografía tiene 36 años de edad, pero su juventud no le impidió convertirse en una de las funcionarias más poderosas del Ministerio de Agricultura y Tierras. Manejó presupuestos millonarios, firmó contratos internacionales, decidió sobre importaciones, designó juntas directivas y removió comisiones de contratación. Nada le fue ajeno.

Un ascenso meteórico dentro de la burocracia gubernamental la llevó a cargos de conducción de empresas estratégicas, lo que pocas personas de su generación han logrado en los 13 años de gobierno del presidente Hugo Chávez.


Antes de presentar la renuncia en diciembre pasado, fue la responsable de gerenciar durante 15 meses la mayor red de importación, fabricación y distribución de insumos agrícolas del país. La estructura contó en 2011 con recursos de 472 millones de dólares y una red de 108 tiendas, 64 de las cuales formaban parte de Agroisleña, grupo expropiado en octubre de 2010 y rebautizado con un nombre que hoy genera desazón: Agropatria.

La cadena quedó, al término de su gestión, necesitada de un auxilio financiero de 330 millones de dólares para la compra de productos, lo que confirmó el estado de deterioro de una empresa que, en manos privadas, se había consolidado como un proveedor seguro del campo en 50 años de operaciones. El presidente Chávez aprobó en enero los recursos a regañadientes sin dejar de advertirle a Yván Gil, sucesor de Rodríguez, que debía devolver "hasta el último dólar".

Luego vino el salto: en 2007 pasó a la vicepresidencia de toda la corporación y un año después a la presidencia por designación de Elías Jaua, a la sazón ministro de Agricultura y Tierras. El funcionario volvió a ese cargo a comienzos de 2012 para sustituir a Loyo. El jefe del Estado le dio una encomienda: dedicarle más tiempo a "arreglar" la deteriorada situación del agro que a la Vicepresidencia Ejecutiva, su otra responsabilidad en el gabinete. 

La escalada de Rodríguez en el Gobierno aún sorprende a profesores que le dieron clases. "No recuerdo que haya hecho vida política en la universidad", dice Rafael Loyo, quien fue coordinador de la carrera que cursó la ex funcionaria y jurado de la tesis en la que ella presentó un panorama sobre el complejo agroindustrial de Lara. "Como alumna fue aplicada, brillante, constante y puntual", añade el académico. 

Cargo clave. Antes de ser reemplazada en la máxima jerarquía de la CVA, Rodríguez tomó una decisión que ninguno de sus predecesores había adoptado: en noviembre de 2008 se autonombró presidente de la Empresa Comercializadora de Insumos Agrícolas (Ecisa), una filial clave de la corporación. 

Esa compañía, con sede en Barquisimeto, fue creada en 2005 y sirvió desde entonces como una plataforma para la adquisición de agroinsumos, principalmente a través de las importaciones. En 2010, por ejemplo, compró a Argentina, Canadá y Brasil más de 14.000 toneladas de semillas de algodón, caraota, girasol, maní y papa. El presupuesto para adquisiciones más allá de las fronteras fue de 168 millones de dólares en 2011. 

Rodríguez ejerció la presidencia de Ecisa hasta hace seis meses de manera simultánea con un cargo que reforzó su protagonismo desde octubre de 2010: el de la presidencia de Agropatria. Esa compañía pública, por decisión de Chávez, absorbió totalmente la estructura de la estatizada Agroisleña, que además de una cadena de tiendas poseía nueve empresas, la mayoría de fabricación y procesamiento de insumos como semillas, fertilizantes, herbicidas e insecticidas. La 

El bajo rendimiento de las agrotiendas socialistas representaba una pista. Bajo la tutela de Rodríguez, la cadena gubernamental duplicó el número de establecimientos hasta alcanzar 44 el año pasado. 

Los reportes oficiales del ministerio presentan la cadena como un logro en sí mismo, pero también muestran un inventario de fallas. Se mencionan la carencia de sedes adecuadas, la ausencia de conexiones de Internet, las limitaciones de la flota de transporte y la baja disponibilidad de insumos dadas las trabas burocráticas para adquirirlos. Las ganancias obtenidas ­160 millones de dólares en 2011 por ejemplo­ no sirvieron para cambiar la faz de la red. 

Decisión cara. 

Rodríguez apareció en el Aló, Presidente del 10 de octubre de 2010, apenas una semana después de la expropiación de Agroisleña, para anunciarle al país una buena nueva: la reducción de precios de los productos de la compañía expropiada. Las tarifas bajaron, en promedio, 40%. Recorrió estantes de la tienda de Cagua, en Aragua, y afirmó que se conservarían márgenes de ganancia que harían sustentable la operación. Lo que parecía una medida popular se transformó en un peso muerto. "Se comenzó a operar a pérdida y esa es una de las razones de la quiebra de Agropatria", revela una fuente gubernamental. El informante exculpa a Rodríguez por la decisión que, dice, se adoptó al más alto nivel. 

La reducción de los precios estimuló un mercado de contrabando en todo el país. El 26 de abril fueron detenidos en Barinas dos coordinadores de Agropatria que supuestamente trasladaban insumos para ser comerciados ilegalmente. 

En un Aló, Presidente de enero de 2011, Chávez presionó a Rodríguez: "Riblia, el plan de expansión de Agropatria necesito verlo pronto con programas, cronogramas, fechas y metas". La edición dominical se transmitió a propósito del lanzamiento de la Gran Misión Agrovenezuela. Documentos elaborados durante esa actividad reflejaron las quejas de los productores con respecto a la empresa expropiada. En una reunión celebrada en Táchira, el 12 de agosto de 2008, los agricultores informaron acerca de la necesidad de actualización de los inventarios, de la falta de insumos y de la venta a productores falsos. Críticas semejantes, de acuerdo con minutas oficiales, se presentaron en las reuniones efectuadas en Mérida y Aragua. En todos los casos los afectados pidieron la realización de "auditorías sociales" para evaluar la compañía. 

Las memorias y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras muestran un desplome sustancial en la cobertura: Agropatria y la cadena de agrotiendas socialistas sólo pudieron atender 190.000 hectáreas en 2011, 600.000 menos que en el año anterior.. 


Una red de almacenes vacíos


El galpón de la tienda de Agropatria en Quíbor, estado Lara, luce inmenso. Unas pocas cajas medianas de productos agroquímicos ocupan el área central y otras están arrimadas a una pared. El almacén está prácticamente vacío, igual que el estacionamiento para los visitantes. Al mostrador, en la parte delantera, muy pocos se acercan para pedir mercancía. Unos llegan con aprensión y otros esperan tener suerte. 

Para todos, la expropiación de Agroisleña, ejecutada por el Gobierno en octubre de 2010, no es un hecho del pasado, sino una realidad con la que no consiguen conciliar todavía. 

El ejemplo de Portuguesa es claro. Datos del ministerio y de los agricultores lo revelan. En 2005, los productores de maíz financiados por la empresa de la familia Fraga sumaban 38.000 hectáreas activas, que ese año produjeron 135.964 toneladas del rubro. En 2011, la producción cayó a cero: no fueron atendidos por Agropatria. 

Controles. En la tienda de Agropatria de Quíbor hay un aviso escrito a mano. Se indica que a partir del 2 de mayo los requisitos para comprar exigían ser un productor del municipio Jiménez y además presentar cédula de identidad y una constancia del Instituto Nacional de Tierras. Otra notificación advierte que toda compra debe ser retirada el mismo día. Gabriel Izarra, piñicultor, se queja de discriminación. "No me venden porque soy de Barquisimeto. 

Ahora me toca comprar Gramozon por ahí a 500 bolívares la garrafa de 5 litros, cuando el precio es de 125 bolívares". 
 

Auditoría en espera. Elías Jaua, ministro de Agricultura y Tierras, anunció que el 26 de marzo se realizaría una auditoría de insumos en todas las tiendas. 

No se conocen resultados, pero puertas adentro los trabajadores quieren explicaciones, pues temen que debido a la inoperatividad de las 11 empresas del consorcio éstas sean cerradas. 

Han pedido que se aclare el destino de los 330 millones de dólares que el Ejecutivo entregó a Yván Gil, el presidente de la empresa desde enero. 

Tres semanas después un tribunal agrario de Aragua y Carabobo otorgó una medida de protección para evitar que eventuales conflictos paralicen las actividades, incluidas las protestas. La decisión acentuó el malestar entre los trabajadores, quienes la interpretaron como un intento de silenciarlos. "¿Será que le quedó grande Agropatria al Ministerio de Agricultura y Tierras?", se preguntó ante la prensa José Leje, de Serviform, a principios de mayo.