La comunidad San Antonio de Juprog, en la sierra nor-central del Perú, se ubica a 4.500 metros sobre el nivel del mar y a menos de dos kilómetros de las operaciones a tajo abierto de la mina Antamina. Su población vive de la agricultura y la ganadería y está catalogada de extrema pobreza.
Los cuatro accionistas principales de la Compañía Minera Antamina S.A son: Xstrata (33,75%), BHP Billiton Plc (33,75%), Teck (22,5%) y Mitsubishi Corporation (10%). Antamina es una de las minas más grandes de Perú, comenzó a operar el año 2001 y se explota a tajo abierto, midiendo actualmente (al año 2010) 2.000 metros de largo, 1.000 metros de ancho y 500 metros de profundidad. Produce en promedio 360.000 toneladas de material (concentrados de cobre, zinc y molibdeno y subproductos de plata y plomo). La comunidad de Juprog tiene conflictos debido a los límites que comparte directamente con los terrenos donde se desarrollan la labores de extracción. Las primeras denuncias se remontan al año 2006, con la intervención de la Defensoría del Pueblo de la región de Ancash, quien impulsó el dialogo entre la comunidad, la empresa y las autoridades.
Es así como los pobladores solicitan estudios de impacto en la salud, realizados por el Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente (CENSOPAS), que determina la presencia de metales pesados en la sangre de los comuneros, con casos donde los niveles superaban los máximos permitidos. Antamina toma una posición escéptica y desconoce los resultados y cuestiona la metodología de las pruebas realizadas.
En los años 2008 y 2009 la comunidad decide tomar acciones legales y presenta una denuncia judicial por contaminación con metales pesados (plomo, cadmio y arsénico) y riesgo a la salud. Nuevamente la compañía minera cuestiona las pruebas y exámenes de sangre, y exige la formación de una mesa técnica para asegurar la adecuada interpretación de los resultados.
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