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Platino Brillante
iskinder
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ENCUESTA- CASSEZ, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero.- Si la intención de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia que votaron a favor de la liberación a Florence Cassez era mandar el mensaje de que en procesos judiciales se deben proteger los derechos de las personas, aun si son sospechosas de delitos, no lo lograron. Más que para defender el principio del debido proceso, se cree que decidieron amparar a la francesa por causas menos confesables: presiones y arreglos del gobierno francés con el de México o dinero de por medio.

 

Se duda que la decisión sienta un precedente útil: casi nadie cree seriamente que con esta resolución las investigaciones judiciales se volverán más apegadas a la ley, según se desprende de la última encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.

 

Pocos creen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberó a Cassez para mostrar que no se pueden violar los derechos de las personas. La mayoría (gráfico 1) piensa que tuvo otras motivaciones (59%), como la presión del gobierno galo, arreglos del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo francés o dinero que recibieron los ministros (gráfico 2).

 

Esta opinión se da pese a que la gente reconoce la existencia de constantes abusos en los procesos judiciales. Es generalizada la idea de que son bastante frecuentes las extorsiones, los abusos, las presiones indebidas de los policías o ministerios públicos en las detenciones e, incluso, la exhibición de sospechosos ante los medios para presumir la presunta eficacia de las autoridades (más de 70% piensa así).

 

Creer que a partir de ahora, tras el caso Cassez, mejorarán los procesos judiciales en su observancia de la ley es algo que no comparte la población; 82% está poco o nada seguro que las policías y los Ministerios Públicos empezarán a actuar sin violar los derechos de los sospechosos.

 

En cambio, ante la evidencia de un crimen, la opinión pública cree que no se debe liberar a una persona ya sentenciada por delitos probados si se le detuvo inicialmente violando sus derechos.

 

87% cree que Cassez debe seguir encarcelada y cumplir su condena (gráfico 3). Así, dado que hay un consenso notable en que Cassez es culpable de secuestro (gráfico 4), naturalmente se expresa rechazo (gráfico 5) a la determinación de la Corte de liberarla por haberse violado sus derechos (desacuerdo, 87%).

 

Aún más, la mayoría sigue creyendo que es poco o nada cierto que se hayan cometido serias irregularidades en el proceso judicial contra la francesa (65%).

 

El 86% estima que las violaciones a los derechos de Cassez no eran lo suficientemente graves para liberarla. El desenlace del caso le cuesta seriamente a la Corte en credibilidad como institución de justicia. El juicio popular sobre este tribunal alcanza su peor momento en años.

 

La mala opinión pasa de 28% en marzo de 2012 a 50% ahora (gráfico 6). Contrario a lo que esperarían los ministros con su decisión, la impresión de que las cosas están cambiando en la aplicación de la ley en México se va por los suelos (gráfico 7): esa idea de cambio ahora es compartida sólo por 16%, 30 puntos menos que hace casi un año. Se cree que la Corte, en lugar de ser percibida como un órgano independiente y garante de la ley, actúa sin apego a la ley (60%) y decide bajo presión de políticos y grupos de interés (73% ).

 

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=MEX&pagina=http://www.excelsior.com.mx