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Monopolios y oligopolios, ¿existen en PR?

¿Alguien sabe en què quedò la propuesta?

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Arturo Carrión

junio 2004

Dañino el proyecto de monopolio


AL IGUAL que otros sectores de la empresa privada, la Asociación de Bancos tiene una profunda preocupación con el efecto que el P del S. 2788 (la propuesta nueva ley de monopolios) pueda tener sobre el desarrollo económico de Puerto Rico.

La Asociación de Bancos entiende que la legislación propuesta obstaculizaría el desarrollo económico de Puerto Rico de múltiples maneras, como explicamos a continuación.

Primero, impondría un trámite oneroso para el desarrollo de los negocios en un país en el que es reconocida la problemática relativa a la restricción de la actividad económica por causa de la "permisología".

Según el Comité 2025, el grupo de estudio convocado por la gobernadora Sila María Calderón para analizar el futuro económico del país, uno de los principales problemas que enfrentamos es que la burocracia gubernamental le impone una carga al sector privado y sofoca la iniciativa empresarial. Las exigencias del proyecto agravarían esta situación.

Como es bien sabido, en los últimos años se ha llegado a un consenso en el Gobierno y el sector privado sobre la urgencia de agilizar los trámites que se les requieren a las empresas para reducir el costo de hacer negocios en Puerto Rico y fortalecer la competitividad de nuestra economía. Los trámites adicionales y onerosos que impodría esta medida van totalmente en contra de ese consenso que es tan vital para el futuro económico del país.

En segundo lugar, de aprobarse esta legislación crearía una imagen negativa de Puerto Rico en el exterior, con lo que se afectaría la inversión en la Isla.

Esta legislación, al ser más exigente y restrictiva que la que existe en Estados Unidos, daría la impresión de que Puerto Rico se está transformando en un lugar hostil para la inversión privada.

Crear una impresión de esa naturaleza sería muy dañino, especialmente en estos momentos en que el Gobierno se ha propuesto una estrategia de promoción de conglomerados industriales de alta tecnología.

Para que esta estrategia se pueda realizar exitosamente, es necesario que exista en todo el mundo la percepción de que Puerto Rico es un país con un ambiente acogedor para los negocios, que es justamente lo contrario de lo que haría esta legislación.

Tercero, la ley propuesta se podría convertir en un instrumento para frenar el crecimiento de las empresas de capital local, cuando lo que necesitamos es estimular dicho crecimiento.

Las empresas puertorriqueñas tienen que ser competitivas no sólo en el mercado interno, sino también en el ámbito internacional. No olvidemos que el Gobierno de Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con los países de Centroamérica y la República Dominicana, el CAFTA, que le impone aún más urgencia al imperativo de la competitividad.

Para alcanzar la masa crítica que les permita proyectarse hacia los mercados externos, nuestras empresas necesitan crecer, expandir sus operaciones, extender el alcance de sus productos. La legislación propuesta contiene un sesgo anticrecimiento que es totalmente contrario a lo que requiere nuestra economía en el nuevo contexto global y regional en que nos desenvolvemos.

En cuarto lugar, esta legislación va en contra de muchas de las estrategias de desarrollo económico que está impulsando el Gobierno.

Ya mencionamos que crearía un clima poco propicio para la inversión, con lo cual pondría en riesgo la estrategia de desarrollo de conglomerados industriales estratégicos.

Además de eso, los trámites que se les exigirían a las expansiones de espacio comercial van en contra de la política de desarrollo de los cascos urbanos tradicionales, en los cuales es necesario que se localicen establecimientos ancla, que por su propia naturaleza tienen que ser de un tamaño considerable.

No es congruente tratar de atraer ese tipo de establecimiento a nuestros cascos urbanos, como deseamos hacer, y a la misma vez imponerles restricciones de nuevo cuño a las empresas que estamos tratando de atraer.

Quinto, la legislación propuesta crearía confusión en las empresas, lo cual también tendría el efecto de frenar la inversión y el crecimiento de las industrias.

De convertirse en ley, esta legislación obligaría a las empresas que desean hacer una expansión a realizar un estudio minucioso para determinar si tienen o no que solicitar la certificación de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM).

No es nada fácil determinar, por ejemplo, cuál es el mercado geográfico de una empresa particular y cuáles son los competidores de la empresa en su mercado. La experiencia de las autoridades antimonopolísticas, tanto en la jurisdicción federal como en la estatal, demuestra lo difícil y costoso que es definir un mercado geográfico en el contexto de una investigación antimonopolística.

La legislación que se propone en Puerto Rico en efecto obligaría a realizar este ejercicio cada vez que se pretenda una expansión importante en un negocio, porque sólo sabiendo cuál es su mercado y cuáles son sus competidores, puede una empresa saber si tiene que solicitar o no la certificación que exigiría la ley.

Esto añadiría un elemento grave de incertidumbre a los procesos de expansión de negocios, y un costo considerable para las empresas que busquen aprovechar las oportunidades de crecimiento que se les presenten.

Por último, la legislación propuesta pondría a las empresas que buscan crecer mediante fusión, adquisición o expansión en una posición vulnerable frente a competidores o grupos de interés que podrían utilizar los mecanismos de la nueva ley para entorpecer un proceso legítimo de desarrollo empresarial. Éste sería también un factor disuasivo que tendería a inhibir la inversión y el desarrollo industrial.

Las restricciones y costos que impondría esta legislación van contra la corriente de lo que es actualmente la estrategia de desarrollo económico adoptada por el Gobierno de Puerto Rico y apoyada por el sector privado.

Sus efectos negativos en la inversión y el crecimiento de las empresas serían perniciosos para la competitividad de nuestra economía, justamente cuando los cambios en el entorno regional y global nos exigen ser más competitivos. A fin de cuentas, las víctimas de esta legislación no serían los monopolios reales o potenciales a los que se quiere controlar, sino las empresas emergentes de capital local, los trabajadores y los consumidores.

Puerto Rico ya cuenta con una legislación adecuada para evitar la monopolización de mercados y garantizar la sana competencia. No es recomendable adoptar una legislación que no sólo es innecesaria, sino que es también
dañina para el desarrollo económico del país.

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El autor ¿será un ángel?
Magie