Reportar MensajeWashington, 5 may (EFE).- El Tribunal Supremo dio un balón de oxígeno a los indocumentados al dictaminar que se les puede encarcelar por usar documentos falsos, pero no por "usurpación de identidad" a menos que se pruebe que sabían que los documentos correspondían a personas de carne y hueso.
De forma unánime, el Tribunal Supremo echó el lunes un balde de agua fría a quienes han recurrido a una ley federal de 2004 contra el "robo de identidad" para estrechar el cerco a los inmigrantes indocumentados.
La decisión se suma a la reciente decisión del Gobierno del presidente Barack Obama de perseguir a las empresas que a sabiendas contratan a los inmigrantes indocumentados, restando énfasis a estos últimos, si bien continuarán siendo objeto de redadas y deportaciones.
El dictamen en el caso "Flores Figueroa vs. EEUU" es, además, un reconocimiento tácito de que la mayoría de los inmigrantes "sin papeles" utilizan documentos falsos de Seguro Social o carné de identidad para ganarse la vida, no para cometer crímenes financieros.
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En resumen, los nueve magistrados de la máxima corte de Estados Unidos determinaron que las autoridades pueden enviar a la cárcel a un extranjero clandestino por el uso de documentos falsos, pero no les pueden enjuiciar por "usurpación de identidad agravada", si no comprueban que ellos sabían que los datos pertenecían a gente real.
Según el dictamen del Tribunal Supremo, la ley en cuestión exige que el Gobierno demuestre que el acusado "sabía" que los documentos pertenecían a otra persona.
La ley de 2004, que impone una pena máxima de dos años en prisión, fue aprobada para combatir a quienes utilizan la información de otras personas para extraer dinero de sus cuentas bancarias o para hacer una racha de compras con tarjetas de crédito.
Pero esa ley ha sido un arma que han utilizado las autoridades para obligar a los inmigrantes indocumentados a que acepten su deportación voluntaria.
El uso de esa ley no ha sido por azar: normalmente, un proceso de deportación tarda meses, especialmente si el inmigrante no tiene antecedentes criminales. Pero baste añadir una condena por un delito grave para agilizar el proceso de expulsión.
El año pasado, por ejemplo, el Gobierno del entonces presidente George W. Bush presentó cargos por posesión de documentos falsos y "usurpación de identidad agravada" contra la mayoría de los 389 indocumentados que fueron arrestados durante una redada en una empresa procesadora de carne en Iowa.
Pero los jueces dijeron el lunes que para presentar cargos por "robo de identidad" contra los indocumentados, el Gobierno tiene que demostrar que éstos sabían con certeza que los documentos pertenecían a otra persona.
La mayoría de los inmigrantes indocumentados suele obtener sus papeles "chuecos", o falsos, en el lucrativo mercado negro, y no tienen manera de saber si esos documentos pertenecen a alguien o si son inventados.
En el caso ante el Tribunal Supremo, Ignacio Carlos Flores Figueroa, un mexicano indocumentado que trabajaba para una empresa acerera en East Moline (Illinois) fue acusado de presentar una tarjeta de residencia permanente y un número de Seguro Social con su propio nombre pero con los datos de otras personas.
Por mala suerte, esos números eran legítimos y pertenecían a otras personas. Sólo que el indocumentado no lo sabía y esa fue su mejor defensa.
Al final, una sola frase lo salvó: la ley dice que el acusado está sujeto a dos años de prisión si "a sabiendas transfiere, posee o utiliza sin autoridad legal una tarjeta de identidad de otra persona".
Sin embargo, el juez Stephen Breyer dejó claro que el dictamen del lunes no tendrá ningún impacto en los casos de "robo de identidad" que típicamente suelen llegar a los tribunales.
Es decir, aquellos casos en los que los criminales se apoderan de documentos de identificación o tarjetas de crédito que pertenecen a otras personas para su propio lucro financiero.
Después de todo, para eso se creó la ley de 2004, y no como una herramienta más contra la inmigración ilegal. EFE
