Ayer en la tarde, los campesinos afines al Gobierno que marchan de Yapacaní a Santa Cruz de la Sierra, hicieron correr a los fiscales que intentaron hablar con ellos para que se despojen de sus armas de fuego y explosivos antes de continuar su marcha a la ciudad.
De nada valió la declaración del fiscal de Distrito, Jaime Soliz, que en la mañana dijo, muy seguro de sí y acompañado de todos los fiscales de la región, que “prefería la muerte de uno de ellos antes que la de un civil” y por ello ‘desarmaría’ a todos los labriegos.
El hecho sucedió a 82 km de la capital, en San Juan de Palometillas, cerca del cruce a Santa Rosa del Sara.
Los representantes del Ministerio Público, al frente de Soliz, hicieron un efímero contacto con uno de los dirigentes, pero casi inmediatamente fueron corridos a pedradas. La peor parte se llevó Juan Ardaya, chofer de la Fiscalía, que recibió un golpe en el ojo izquierdo; dos fiscales también fueron golpeados.
Los campesinos agredieron además a los periodistas que estuvieron cubriendo el hecho; golpearon a tres de ellos, destruyeron una cámara filmadora y exigieron que no regresen. “Vendidos metan preso a Leopoldo Fernández. ¿Dónde estaban cuando saquearon las instituciones públicas? No los queremos aquí”, fueron algunos de los reclamos que profirieron los marchistas a los fiscales.
Soliz y sus subordinados se replegaron de la zona hasta Portachuelo, esperando respuesta de las autoridades de Gobierno sobre el pedido de que los campesinos depongan sus rifles y pistolas.
“He hablado con el viceministro de Justicia, con el Defensor del Pueblo, pero nada, todos dicen que están intentando calmarlos”, señaló el fiscal.
Mientras tanto, en Portachuelo, representantes de las cuatro provincias del norte de Santa Cruz resolvieron, al final de una reunión, dejar pasar a los marchistas pero pidiendo que lo hagan en forma pacífica. “No respondemos si provocan porque hay gente que está enojada aquí”, señaló el subprefecto de la provincia Sara, Fernando Gutiérrez.
La columna de campesinos, que suma unos 5.000, tienen previsto llegar hoy a esa ciudad.

- Pedido. El fiscal de Distrito, Jaime Soliz, señaló que la gestión de su oficina ante los campesinos es para que depongan sus armas, ya que no pueden impedir que lleven a cabo su marcha.
- Policía alerta. El comandante departamental de la Policía, Franz Lea Plaza, aseguró que la guarnición impedirá el ingreso de marchistas armados. “Tenemos un plan de contingencia para ello”, dijo.
- Advertencia. Lea Plaza reveló haber alertado al fiscal Soliz de no ir a encontrar a los campesinos por el alto riesgo que representa hacerlo sin un consenso previo. Pese a ello, envió un pequeño contingente de policías de civil para acompañar al grupo de fiscales.
- Insistencia. La Prefectura y el Comité pro Santa Cruz han recalcado que no responderán a las provocaciones de los marchistas.

Marcha ya está en Basilio
El bloqueo que estaba en Mora, vía a Camiri, se trasladó ayer hasta la comunidad de Basilio y hoy definirá si reinicia la marcha para llegar a la capital cruceña junto a los campesinos que vienen por las carreteras a Cochabamba y a Beni.
En Basilio, distante a 50 km de la capital cruceña, hay cerca de 1.100 campesinos y están en coordinación con sus pares que están varados desde el fin de semana en Santa Rita, informó el presidente del Comité de Huelga, Cecilio Chambi.
En ese punto reiniciarán la marcha cuando lleguen los 2.000 campesinos que vienen de Samaipata y se coordine con los dirigentes que lideran las columnas que saldrán de San Julián, que se comunican con los de Cuatro Cañadas y los que están en Palometillas. /AR

El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) destinó medio millón de bolivianos diario para la movilización de miles de campesinos que cercaron hasta el martes la capital cruceña, denunció, este miércoles, el diputado de Poder Democrático y Social Edwin Flores.

"Como se puede pedir diálogo a los prefectos, incluido testigos nacionales e internacionales cuando el gobierno alentó, financió y legitimó el cerco contra Santa Cruz, donde los campesinos exhibieron armas de fuego", dijo el legislador opositor.

El diputado de Bermejo señaló que el gobierno mantiene de manera hábil dos discursos; se muestra conciliador ante la comunidad internacional y confrontador contra las autoridades departamentales y cívicos de Beni, Chuquisaca, Pando Santa Cruz y Tarija.
En ese marco, Flores espera que los veedores internacionales informen de manera adecuada lo que sucede en Bolivia y la polarización radical que causó el gobierno de Evo Morales. "Tienen que decir que este gobierno tiene un doble discurso y es un notable fariseo del siglo XXI", agregó.

Asimismo el diputado Flores, de profesión abogado, dijo que el gobierno ejecutó una persecución y un linchamiento política contra el prefecto electo de Pando, Leopoldo Fernández, quien fue derrocado, en el marco de un estado de sitio y reemplazado por un militar.

Según criterio del diputado de Podemos, el prefecto Leopoldo Fernández debe ser trasladado a Sucre de acuerdo con el articulo 118 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece que no sólo los prefectos sino el presidente, vicepresidente y ministros gozan de caso de corte.

"Creo que si el gobierno tendría un poquito de ética lo mismo haría con los ministros Alfredo Rada y Juan Ramón Quintana, pero como los tiene en Palacio Quemado permite que se vulneren todos los preceptos legales", subrayó.

INSTITUCIONALIDAD: Por su parte el diputado del MAS, Eulalio Sánchez, dijo que no se debe satanizar las movilizaciones campesinas, al considerar que las marchas y bloqueos no buscan la confrontación sino pretenden defender la institucionalidad y la unidad nacional.

El diputado oficialista espera que después del levantamiento del cerco campesino, los prefectos de Beni, Ernesto Suárez; de Chuquisaca, Sabina Cuellar; de Santa Cruz, Rubén Costas y de Tarija, Mario Cossío, reaccionen y firmen un acuerdo nacional este jueves, pues si esto no ocurre volverían los bloqueos.